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Opinión

CCOO de Justicia: Gallardón está dispuesto a privatizar la Justicia

Publicado por CCOO de Justicia



Gallardón pretende cobrar por cada ciudadano que naciera, creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara poderes, hiciera testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera


Lo venimos explicando desde CCOO hace tiempo y las amenazas de Gallardón se van convirtiendo en hechos, sus proyectos de reforma que viene anunciando desde su toma de posesión apuntan a la privatización del Servicio Público de la Justicia, a un encarecimiento de la misma, a medidas que sólo tienen objetivos recaudatorios y disuasorios para el ciudadano ("tasazo" judicial), a un alejamiento de la Justicia del ciudadano, y por ende, a la supresión de puestos de trabajo en la Administración de Justicia y pérdida de derechos de los trabajadores.

Proyectos que se van concretando a ritmos insospechados (la Ley de Tasas Judiciales se ha aprobado en tiempo récord, contando con la oposición de absolutamente todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia, partidos políticos -excepto el PP- sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, etc...).

Ahora, según la información aparecida en el artículo del El País de hoy , el próximo proyecto que pretende Gallardón –y que al parecer ya existe anteproyecto para ser aprobado en Consejo de Ministros del próximo viernes 30- es entregar a los Registradores de la propiedad y mercantiles los temas de registro civil. El artículo titulado "Asalto al Registro civil" habla de un supuesto "anteproyecto" (que no conocemos) pero solo recordamos que la nueva Ley de Registro Civil (BOE de 21-7-2011) aún no ha entrado en vigor pero ya se anunció que iba a ser reformada.

Recordemos que esa nueva Ley de Registro civil aprobó la desjudicialización del registro civil y lo ponía en manos de las CCAA y de unos Encargados del Registro civil sin identificar. CCOO lo denunciamos ya en el 2010 con los primeros anteproyectos, y nos movilizamos y conseguimos introducir una D.Tr. 8ª que, aunque no totalmente, garantizaba algunos de los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia.

Con este proyecto, al parecer, Gallardón se somete a las presiones del colectivo de Registradores –que buscan nuevos ámbitos laborales donde ejercer su profesión dado que el negocio inmobiliario deja a muchos sin sus pingües beneficios, y al que pertenece el Sr. Rajoy- y de paso, incrementará nuevamente los costes para los ciudadanos. Y los empleados públicos seremos ¿reubicados? en otros puestos de trabajo.

CCOO denunció que la nueva Ley de Registro Civil provocaría la amortización de más 3.000 plazas de funcionarios, que los funcionarios interinos serían cesados y los funcionarios de carrera serían reordenados forzosamente. Ahora, además con la reforma de la LOPJ que introduce la movilidad geográfica incluso con cambio de municipio, el ministerio tiene las manos libres y no necesita nada más.

Y a este proyecto, se suman los ya aprobados como el tasazo judicial y los que vendrán que ya han sido anunciados: la reducción de partidos judiciales, la privatización de asuntos judiciales como las notificaciones de sentencias o las ejecuciones, la externalización de servicios judiciales como las traducciones e interpretaciones, las consecuencias que traerá el proyecto de “Tribunales de instancia”,…

Y para hacer efectivos estos proyectos, Gallardón también necesita medidas para aplicar a los empleados públicos y la reforma de la LOPJ es uno de ellos, pero también la reforma laboral aprobada y de la que el RD de despidos colectivos en las Administraciones Públicas es su consecuencia directa, y la próxima reforma de la Función Pública que podría decidir la eliminación de cientos de puestos de trabajo y obligar a los empleados públicos a pasar a situaciones de excedencia forzosa con un sueldo del 75% del salario base

Las medidas que adopta este Gobierno tienen un objetivo común: el desmantelamiento de los Servicios Públicos y con ello la desaparición de miles de empleados públicos. La Justicia no va a ser menos y Gallardón lo tiene muy claro, cueste lo que le cueste y caiga quien caiga.


Publicado el 27/1172012 por CCOO de Justicia

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