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Opinión

Ley de tasas judiciales: Una justicia sólo para ricos con una "sorpresa" para los funcionarios

Publicado el 23/12/2012 por CCOO de Justicia


El Gobierno establece una justicia sólo para ricos y deja a los ciudadanos indefensos si sus derechos son atacados


PUBLICADA EN EL BOE LA LEY DE TASAS (LEY 10/2012) QUE EXPULSA A LOS CIUDADANOS SIN RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PORQUE SE IMPONEN UNAS TASAS QUE SÓLO PODRÁ PAGAR UNA MINORÍA


Además, a partir de ahora, los funcionarios públicos estaremos obligados a intervenir con abogado y procurador en la vía contencioso administrativa en defensa de nuestros derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal, al quedar derogado el artículo 23.3 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativo 

La Ley de Tasas publicada en el BOE de 21 de noviembre es una norma que ataca los pilares del Servicio Público de la Administración de Justicia y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Gallardón actúa contra los derechos de todos los ciudadanos y también de los funcionarios públicos, y a partir de ahora, se comienza a desmantelar el servicio público de la Administración de Justicia.

En esencia la Ley de Tasas convierte la Administración de Justicia en una Administración a la que no podrán acudir desde ahora los ciudadanos sin medios económicos suficientes o con escasos recursos.

Porque a partir de ahora, los ciudadanos que acudan a la Administración de Justicia deberán abonar:

A) En el orden civil


Verbal y cambiario
Ordinario
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal
Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales
Concurso necesario
Apelación
Casación y extraordinario por infracción procesal
150 €
300 €
100 €
200€
200 €
800 €
1.200 €
B)    En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado
Ordinario
Apelación
Casación
200 €
350 €
800 €
1.200 €

C)    En el orden social:

Suplicación
Casación
500 €
750 €

Además, se deberá abonar una tasa del 0,5% de la cuantía del procedimiento si no supera el 1.000.000 de euros y el 0,25 % adicional a partir de esa cantidad, con un límite de 10.000 euros.

Los funcionarios públicos estarán exentos de abonar la tasa en la interposición del recurso contencioso-administrativo en defensa de sus derechos estatutarios, pero no de acudir obligatoriamente con abogado y procurador, lo que encarece de forma mayúscula la defensa de nuestros derechos laborales.

ES UN ESCÁNDALO QUE LA LEY 10/2012 ESTABLEZCA QUE LOS CIUDADANOS CON INGRESOS DE 1.200 EUROS PAGARÁN LAS MISMAS TASAS QUE UNA PERSONA QUE GANE 100.000 EUROS

Lo que es profundamente llamativo, y que demuestra la hipocresía de Gallardón cuando afirma que los ciudadanos sin recursos podrán beneficiarse de la justicia gratuita si carecen de medios, es que la Ley establece que las familias con ingresos de tan solo 1.200 euros deberán pagar las tasas establecidas en la ley, y abonará las mismas tasas que las unidades familiares con ingresos superiores a 100.000 euros. Es decir, no existe ninguna ni proporción ni progresivIdad en las tasas fijadas en relación con los ingresos de la unidad familiar.

Por tanto, Gallardón ha demostrado que le importa un bledo que el pago de las tasas que la Ley determina sean las mismas para un ciudadano sin más recursos que el salario mínimo (ejemplo: una familia de dos personas trabajando y cobrando el salario mínimo -641,40 EUROS- deberán pagar tasas, porque superan el mínimo para estar exento) que para los ricos con un gran patrimonio y altos ingresos mensuales de 100.000 de euros/mes.

Así, por ejemplo, el recurso contra el despido de un trabajador costará lo mismo al trabajador (500 €) que si recurre la empresa. Para recurrir cualquier actuación de la Administración, se deberá abonar una tasa mínima entre 200 y 350 €. Para recurrir una sentencia se deberá abonar una tasa mínima entre 500 y 1.200 € según el tipo de recurso y el orden jurisdiccional.

LA LEY DE TASAS SIGNIFICA EL COMIENZO DEL DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA: NO PODEMOS PERMITIRLO, DEFENDAMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS

CCOO viene denunciando desde muchos meses ante la opinión pública la actuación de Gallardón, exactamente desde que el Gobierno aprobó el primer informe para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Tasas judiciales, que ahora se convierte en ley en el BOE.

Esta Ley es una más de las decisiones del Gobierno de acabar con los servicios públicos, de pretender acabar con todo: con los hospitales públicos, con la educación pública, con los derechos sociales, y ahora con el Servicio Público de la Justicia, que con la Ley de Tasas, con los proyectos de desjudicialización y privatización de servicios y asuntos judiciales, con la reducción de partidos judiciales o la instauración de los Tribunales de Instancia….conllevará el encarecimiento y el alejamiento de la Justicia al ciudadano, a la vez que producirá la pérdida de puestos de trabajo y los derechos laborales.

Todas estas decisiones del Gobierno de Rajoy, perfectamente meditadas en una estrategia calculada desde antes de ganar las elecciones de noviembre de 2011 y presentando un programa electoral radicalmente antagónico a las decisiones que ya había decidido que iba a tomar, persiguen desmantelar los servicios públicos y entregarlos a las empresas privadas, muchas de las cuales están dirigidas por personas afines a dirigentes del partido que sustenta al Gobierno. Empresas privadas que no tendrán escrúpulos en sacar beneficio a costa de los derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos. Y para que estas empresas tengan miles de euros de beneficios como la ha tenido la banca que apoyada con las ayudas y la complicidad del Gobierno ha estafado millones de euros a las personas decentes, los ciudadanos no podrán defenderse ante los Tribunales por tasas enormes, ni las personas sin recursos acceder a la Sanidad pública para poder curar sus enfermedades.

En otro orden de cosas, EL GOBIERNO INTRODUCE EN LA LEY DE TASAS QUE PAGUEMOS EN DICIEMBRE CUOTA DOBLE DE DERECHOS PASIVOS Y MUGEJU, A PESAR DE LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA

Asimismo, el Gobierno ha aprovechado la tramitación de esta Ley para introducir una vuelta de tuerca más contra los empleados públicos en relación con el Real Decreto Ley 20/2012, añadiendo a dicho RDL un nuevo artículo 5 bis para establecer el descuento doble en el mes de diciembre de las cuotas de derechos pasivos y de la Mutualidades de funcionarios, a pesar de que el propio Gobierno ha eliminado la paga extra de diciembre de todos los empleados públicos. Absolutamente miserable.