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Opinión

Si el año 2012 ha sido el año de los recortes, el 2013 puede ser la puntilla a los funcionarios públicos si entre todos no lo evitamos

Publicado el 30/12/2012 por CCOO de Justicia - Aragón


Rajoy hizo el pasado viernes en rueda de prensa su balance del año 2012, pidiendo ya no sabemos si paciencia, comprensión, o sumisión a los recortes (él habla eufemísticamente de reformas) que hemos sufrido este año, que eran completamente ineludibles tanto porque nos los exigía Bruselas como para reducir el déficit público. Para Rajoy la economía, los números, lo son todo, y los derechos de los ciudadanos deben quedar supeditados a dichos números.

Es cierto que Bruselas exige la reducción del déficit público, y que la sumisión de Zapatero primero, y Rajoy ahora a los dictados de la Unión Europea condiciona mucho la forma de gobernar en España. Todos estamos de acuerdo en que en muchos aspectos se pueden gestionar los recursos públicos de forma más eficiente. Pero en lo que no estamos de acuerdo es ni en el ritmo de reducción del déficit público ni en la forma en que se producen los recortes en el gasto público.

Sobre el ritmo de reducción del déficit público: si después de que nos hayan subido el IRPF dos puntos, nos hayan subido el IVA más todavía, nos hayan congelado los salarios a los funcionarios públicos, nos hayan quitado la extra de navidad, hayan recortado las plantillas dedicadas a sanidad y educación, hayan aumentado el número de medicamentos por los que pagamos el 100 % de su precio, se haya incrementado el pago de medicamentos a los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social y pensionistas, se haya paralizado la construcción de infraestructuras públicas, la amnistía fiscal, etc, ... si después de todos estos recortes resulta que sólo se disminuye el déficit público en poco más de un punto al final del año, ¿para qué tanto sacrificio? ¿qué nos espera en los próximos años para seguir reduciendo el déficit público? ¿no nos estamos cargando todo lo que hemos construido en los últimos 20 años a cambio de nada? Ello se debe, y todos los economistas lo dicen, que los recortes en el déficit exigen conjugar austeridad con crecimiento, y como no estamos creciendo, la austeridad supone en definitiva menos impuestos que recaudar y menos ingresos públicos, menos personas que ganan su salario que luego revierte en la misma sociedad por vía de gasto, más parados y por tanto más gasto en subsidios por desempleo. Europa ya ha retrasado en dos años la obligación del cumplimiento del déficit público el 3%, y ya es hora de que nuestros políticos digan en Europa que no se puede reducir el déficit público al ritmo que nos piden mientras no haya crecimiento, porque nos cargamos el país. Porque qué es mejor, recortar por recortar para llegar a una determinada cifra en un determinado plazo, como quieren Rajoy y de Guindos, o preservar los servicios públicos sin aumentar el déficit público y esperar tiempos mejores para reducirlo? Lo primero pone el acento en la economía, lo segundo en los derechos de los ciudadanos.

Pero es que además la forma en que se están produciendo los recortes es indiscriminada e injustificada. Se están recortando en casi todas las partidas presupuestarias, sin atender si las mismas financian atención a la dependencia, escuelas públicas, hospitales, carreteras, guarderías infantiles, o semáforos. La cuestión es recortar presupuesto. Pero los recortes no llegan a todos por igual: a los políticos y a las personas colocadas por ellos no les llegan los recortes. Las prebendas que siguen teniendo los miembros del Congreso y del Senado, los asesores que inundan los Ministerios, las Direcciones Generales y las Diputaciones, los eventuales al servicio de sus partidos políticos, a toda esta gente los recortes nos les llegan. Tampoco se buscan incrementar los ingresos a costa de quien más tiene (impuesto del patrimonio) o de quien más hereda (impuesto de sucesiones), porque los del Gobierno del PP de todas las regiones dicen estar en contra del aumento de impuestos, mientras que luego defienden la subida del IRPF y del IVA, que afectan principalmente a la clase asalariada y a todos los ciudadanos sin distinción de ingresos. Hay millonadas de euros para rescatar a los bancos, siempre a fondo perdido, pero no los hay para rescatar a los ciudadanos. En definitiva, ¿se puede recortar de otra manera, sin que afecte tanto a la calidad de los servicios públicos? Sí. ¿Se pueden aumentar los ingresos sin que el peso del aumento de impuestos recaigan principalmente en las clases medias? Sí. Pero esto difícilmente lo hará un gobierno de derechas.

Frente a todo esto, la cuestión estriba en qué hacer para que el Gobierno del PP cambie, o que cambie el Gobierno. 2012 ha sido el año de las huelgas, concentraciones y movilizaciones de todos los colectivos ciudadanos (desde mineros hasta personal sanitario, de educación, de justicia, bomberos, policías, etc) pero hay que reconocerlo que de poco nos ha valido. Es tiempo de buscar otras formas de movilización y protesta que complementen las anteriores, y que obliguen al cambio de las políticas que se siguen desde los gobiernos nacional y autonómicos.

En cuanto a los funcionarios públicos, el año 2013 puede ser nuestra puntilla, si no lo paramos entre todos. Para este año se promete la reforma de las Administraciones públicas, que vendrán acompañadas sin duda de nuevos recortes en nuestros derechos: mayor flexibilidad para que nos muevan de puesto de trabajo, endurecimiento de las condiciones para la jubilación, posible nueva supresión de paga extra o trienios futuros, reintroducción de la excedencia forzosa mal pagada como forma subliminar para recortar plantillas, mayor libertad de la administración para fijar nuestro horario incluso de tarde, privatización de numerosos servicios que implicarán planes de reordenación de efectivos y movilidad forzosa, supresión de puestos de trabajo cubiertos por interinos, despidos masivos en empresas públicas, etc.

En la Administración de Justicia, además, tenemos pendiente la reforma de la demarcación y planta judicial con posible supresión de partidos judiciales, las consecuencias de la ley de tasas, la reforma de la oficina judicial hacia un modelo que hasta ahora no ha funcionado en ningún sitio (ni en Cuenca, por mucho que alguno quiera ver en su reforma a base de refuerzos como el modelo a seguir), y la privatización de los Registros Civiles y de los servicios de notificaciones, entre otras materias que el peor Ministro de Justicia de la historia democrática de España que es Gallardón pretende imponer.

No quisiéramos despedir el año 2012 y dar la bienvenida al año 2013 con todos estos malos augurios, pero debemos ser realistas. Las reformas de este Gobierno son ideológicas, y vienen acompañados principalmente de recortes en los derechos de los ciudadanos. La soberanía nacional reside en el pueblo, y es el pueblo quien pone y quita gobiernos; las elecciones de noviembre de 2011 no son un cheque en blanco para el desmantelamiento de nuestro estado del bienestar, de las administraciones públicas o de la administración de Justicia. El año 2013 posiblemente precise de más concentraciones, más huelgas, y más movilizaciones, porque no podemos aceptar, no nos podemos resignar, a que nos sigan quitando lo que en justicia nos corresponde.


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