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Vía: CCOO de Justicia - Asturias
Información para el funcionariado de la administración de Justicia... y otras cosas
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| Representantes de los sindicatos |
Mesa de negociación sobre calendario laboral
Desde CCOO nos sentimos razonablemente satisfechos con su resultado, ya que numerosas propuestas que hemos realizado (de las que os hemos dado cuenta) han sido aprobadas.
Sobre las necesidades del servicio, Hemos logrado la reducción del 65% al 50% de la plantilla, que en el mes de agosto se reduce al 30%, y como queríamos se incluye a Decanatos, Registros, Archivo y Biblioteca. También se recogerá a petición de CCOO, la cláusula de que si el responsable del órgano judicial estima que las necesidades del servicio quedan cubiertas con un porcentaje inferior, no será necesario respetar los porcentajes establecidos en la instrucción
Sobre la jornada de trabajo y horarios generales, destacar que nuestra propuesta de 35 horas semanales la elevarán a los Servicios Jurídicos del Principado, un primer paso muy importante. La parte fija del horario pasará a ser de 5 horas y media diarias. La parte flexible del horario será de cómputo y recuperación mensual, logrando que se amplíe al menos hasta las 19 horas, pudiendo ser hasta las 20h como desde CCOO pretendemos. La flexibilidad que viene recogida en el EBEP y en el Plan Concilia se nos aplicará.
Con respecto a los sábados, se alcanzó el acuerdo de que todos los órganos judiciales permanecerán cerrados, a excepción lógicamente, del Servicio de Guardia.
La Jornada reducida por Fiestas Locales y Semana Santa será de 9 a 14 horas, recogiendo la modificación del texto del borrador en el sentido alegado por CCOO y habiendo sido aceptada nuestra propuesta de que en las localidades donde el lunes de Pascua sea festivo, el día siguiente será de jornada reducida.
En este punto, tenemos que hacer una observación importante y es que La Administración entiende que la jornada reducida por fiestas locales ha de corresponderse necesariamente como dicen en su borrador con las fiestas grandes de las localidades cabeza de partidos judiciales, las cuales están reguladas por norma.
CCOO, había enviado como Anexo el calendario de Semana festiva reducida que elaboramos todos los años conforme a los intereses de los trabajadores en cada localidad, pero la Administración, para sorpresa nuestra y del resto de sindicatos, no ha aceptado la propuesta, sino que se ha limitado a decir que la estudiarían.
Los días 24 y 31 de Diciembre cuando coincidan en festivos, sábados o días no laborables se compensarán con dos días de permiso adicionales, tal como era nuestra petición. Y también permanecerán cerrados los edificios judiciales
Diligencias de carácter urgente, la Admón. continuará aplicando la Resolución de 15 de Julio de 2005. Hemos logrado que entre una jornada y otra, por salud laboral, haya un descanso mínimo de 13 horas. No aceptaron nuestra propuesta de compensaciones horarias, pero según una petición de CSIF, con la que nuestro sindicato estuvo de acuerdo, la misma se reconvirtió en el reconocimiento del derecho a un descanso obligatorio semanal de 36 horas, que no puede verse reducido por la práctica de diligencias urgentes.
Respecto al control de cumplimiento horario, nos informarán sobre la Instrucción que elabore la admón., aunque CCOO exigió su negociación y no ha quedado la puerta del todo cerrada a la misma.
Vacaciones, han aceptado nuestra propuesta de que el plazo de resolución para el mes de junio sea de 20 días, al objeto de que se disponga del tiempo necesario desde su concesión hasta el comienzo de disfrute de las mismas. También se reduce de 30 a 15 días naturales el plazo para solicitar cambio de vacaciones.
En cuanto al plazo para solicitar vacaciones fuera del periodo estival, se reduce de 15 días naturales a 10 y el de asuntos propios, de 5 a 4 días naturales
Los permisos por asuntos particulares, como propusimos, podrán disfrutarse a lo largo de todo el mes de Enero si no se han podido disfrutar anteriormente.
OTROS TEMAS
Respecto al pago de los atrasos del cuarto punto, se han comprometido a abonarlos durante los cuatro primeros meses del 2010.
Respecto a la implantación de la NOJ, ha vuelto a reiterar el Director general, como ya nos había informado a CCOO en una reunión previa, que la implantación en Asturias será gradual comenzando a partir de Mayo. Previamente se creará un grupo de trabajo en la Dirección general para estudiar entre otras cuestiones las cargas de trabajo de los órganos judiciales. También se crearán Comisiones de trabajo en la que participarán dos miembros de la carrera judicial, dos miembros de los secretarios judiciales y dos miembros de los sindicatos, junto con la Administración.
Mesa General de Asturias: Valoración del sector de Justicia de la FSC-CCOO
En la tarde del día 25 y la mañana del día 26 de noviembre la Mesa General de Negociación se ha reunido al objeto de negociar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2010.
Desde el sector de Justicia de CCOO, hemos insistido por enésima vez en la negociación del Complemento Específico, y por vez primera el Director General de Función Pública ha manifestado abiertamente la intención de proceder a su negociación. Debemos felicitarnos por ello, pero no podemos dejar de obrar con cautela, ya que el Dr. Gral., entiende que, en efecto, el art. 519 de la LOPJ contempla este concepto, pero en la actualidad no se han elaborado las RPTS, por lo que incrementar este complemento es como realizar un anticipo por parte de la Admón., y recela del comportamiento de algunos sindicatos como ha ocurrido con la Carrera Profesional del Principado.
Insistiendo en este punto, y haciéndole ver que como cuerpos nacionales que somos no tenemos derecho a la Carrera Profesional del Principado, y que el resto de CCAA que han asumido las competencias de Justicia han incrementado este complemento a sus trabajadores, reitera que se negociará el mismo, pero sin concretar más.
Podemos decir que CCOO por fin ha logrado que la Admón. admita la negociación de este complemento, cosa que hasta la fecha había sido imposible.
Hemos recordado a la Admón. que a fecha 31/12/2009, ningún trabajador de justicia debe percibir menos de 400€/ mes de Complemento Específico, según establece la cláusula de garantía del Acuerdo de Abril de 2008, a lo que el Dr. Gral., manifiesta que se respetará todo lo firmado a nivel estatal antes de las transferencias.
En el Anteproyecto de Ley que nos fue entregado, en CCOO hemos observado que la cuantía de las pagas extras no coincidían con las percibidas este año 2009, ya que no se han incorporado las cantidades correspondientes al BOE de 20 de Mayo de 2009, que recoge la parte correspondiente al 3% de masa salarial del Acuerdo Administración y Sindicatos de la Función Pública sobre pagas extraordinarias, advirtiendo de tal anomalía a la Admón., a lo cual manifiesta que lo estudiará adecuadamente, contestando a la mañana siguiente, que cuando se concreten las retribuciones totales, deben coincidir, ya que sin duda alguna se cumplirá la normativa estatal.
CCOO ha instado a la Admón. a que sea incluida en este Anteproyecto, o bien mediante la firma de un acuerdo de forma paralela, la Cláusula de Revisión Salarial plasmada en el Acuerdo del Gobierno con los sindicatos más representativos.
De igual modo, solicitamos un calendario de desarrollo de las restantes medidas incluidas en este Acuerdo como: Jubilación parcial del personal funcionario; Plan de Ordenación de Recursos Humanos; Consolidación de empleo para la reducción de la tasa de temporalidad; Implantación del teletrabajo; Plan General de Formación electrónica; Formación continua vinculada a la carrera profesional; Adaptación de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales; Elaboración de planes de igualdad y realización de actuaciones para prevenir el acoso laboral y sexual; Sistema extrajudicial de conflictos; y otros.
También hemos solicitado la entrega del Acuerdo de Retribuciones.
El establecimiento de un 2,5% de Fondos Adicionales que permitan la adopción de medidas correctoras para que logren un mayor poder adquisitivo los trabajadores que perciben los salarios más bajos.
Solicitud de un 1,6% de la masa salarial para el capítulo de Acción Social, y de un 0,6% para el Plan de Pensiones.
En la reunión celebrada el día 27 con el Director General de Justicia, insistimos en el tema de las pagas extraordinarias, a lo cual nos respondió que no deberíamos preocuparnos, pues ese dinero vino con la transferencia y se respetará el acuerdo, exactamente igual que el correspondiente a los 400€/mes mínimo de Complemento Específico.
En la misma reunión, le solicitamos que se pusiese en comunicación con Función Pública, al objeto de impulsar la Mesa Sectorial y aprovechar la buena voluntad de negociar el Complemento Específico, comprometiéndose a intentar que se convoque la Mesa a lo largo del mes de Diciembre.
Proceso de "minervización" de los juzgados de Asturias
Los nuevos servidores para instalar en los distintos Órganos Judiciales de Asturias, según las previsiones de la Dirección General, deberían haberse comenzado a instalar a partir del 20 de este mes en Llanes y Siero y a partir del 23, en el resto de sedes judiciales. Instalados los nuevos servidores, se comenzará el proceso de Minervización, se ha elegido como centro piloto Grado y posiblemente Lena, comenzando inmediatamente, para lo cual se ha encargado la formación a una empresa denominada BURKE, cuyos formadores, estarán asistidos por la Dirección General de informática.
Durante el periodo de formación se seguirá utilizando Libra, y Minerva únicamente para la formación y las pruebas. Después de la formación se procederá a la migración, de Libra a Minerva, para lo cual, estarán inactivos los programas durante un fin de semana.
Después de la migración y durante unos días, los funcionarios seguirán con el apoyo de los formadores de BURKE
[ Publicado en www.lne.es ]
´La reforma de la administración creará una justicia de dos velocidades´
CCOO afirma de igual modo que este cambio dificultará el acceso del ciudadano a este servicio
El secretario de Política Social de CCOO de Asturias, Ignacio Quintana y el coordinador del sector de Justicia de la Federación de Servicios a la ciudadanía, Juanjo Azcano, denunciaron hoy que la reforma de la administración aprobada el pasado día 3 de noviembre dará lugar a una justicia "de dos velocidades" y obstaculizará el acceso ciudadano a dicho servicio público.
En rueda de prensa, Quintana lamentó que dicha reforma, aprobada en el Parlamento con unanimidad en los dos partidos mayoritarios, implica una privatización encubierta del sector y un retroceso a la situación de hace 30 años "cuando cualquier movimiento en los Juzgados había que pagarlo".
Indicó que la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial supone que los actos de comunicación que eran responsabilidad de un funcionario público, puedan ser efectuados por un procurador contratado y pagado por la parte denunciante. A su juicio, pasados "uno o dos años" se hará un balance que determinará la mayor efectividad de este nuevo procedimiento e inclinará la balanza del lado de la privatización del sector.
Por su parte, Juanjo Azcano señaló que el artículo 19 de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluye una disposición adicional en la que se establece la obligatoriedad constituir un depósito para la interposición de cualquier recurso "ordinario o extraordinario en los órdenes civil, penal y contencioso".
Dicho depósito, que en el orden penal será exigible sólo a la acusación popular, oscilará entre los 30 y los 50 euros en función de que se trate de una queja, una apelación, una revisión o un recurso de casación.
Al respecto, recriminó que el ciudadano pagará dos veces por un servicio público, como la Justicia, que debe financiarse con los recursos procedentes de los impuestos. Asimismo, para CCOO de Asturias, la obligatoriedad de este depósito es un obstáculo al ciudadano para el acceso a la Justicia y atenta contra su derecho a una tutela judicial efectiva.
Según Azcano, los retrasos en los procedimientos y el incremento de la litigiosidad no pueden solventarse mediante el encarecimiento de los servicios que paga el ciudadano, sino mediante un incremento de los recursos materiales y humanos de la administración de Justicia.
Lamentó además que el encarecimiento de las tasas procesales supondrá la implantación de dos formas de proceder, una privada para los "pudientes" y otra pública "para los que no lo son".
A partir de la entrada en vigor de esta reforma, no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido y en el caso de que el órgano jurisdiccional lo desestime, el demandante perderá el importe del depósito que se destinará a sufragar los gastos correspondientes a la asistencia jurídica gratuita y a la modernización e informatización de la Administración de Justicia.
Publicado en lne.es
El anuncio de la puesta en marcha en 2010 del sistema llamado a modernizar la justicia, conocido como la nueva oficina judicial, ha sido tomada con escepticismo por parte de los representantes de los funcionarios en Asturias. No es para menos. El Gobierno central preveía aplicar de forma piloto en 2006 el novedoso sistema en los juzgados avilesinos. Lo último que ha trascendido es que la oficina judicial entrará en vigor en 2010 y que el Principado, que ha asumido las competencias en materia de Justicia, considera que el diseño de las nuevas infraestructuras judiciales en construcción, como las de Gijón, permitirán a Asturias adaptarse con rapidez a los criterios del nuevo sistema. Los sindicatos lo ponen en duda.
«No me creo nada, no hemos sido informados de novedad alguna y somos muy escépticos con que la nueva oficina judicial empiece a funcionar el próximo año. Sólo oímos declaraciones de buenas intenciones pero en la práctica no hay nada», señaló el presidente del sector de Justicia de CSIF-Asturias, Luis Pérez Álvarez. Añadió que su sindicato presentó un documento al Ministerio de Justicia en el que alertaba de las carencias que se están detectando en la implantación del sistema informático Lexnet (permite la presentación de escritos en los tribunales por medios telemáticos). «Entendemos que su correcto funcionamiento es básico de cara a la implantación de la oficina judicial», añadió. Luis Pérez reiteró que «somos los primeros interesados en que se aplique el nuevo sistema», pero «cuando no se tienen ni concretadas las plantillas no podemos pronunciarnos más que con escepticismo».
De su misma opinión es Juan José Azcano, responsable del sector de Justicia de CC OO, que pone en entredicho que 2010 sea el año de la oficina judicial. «Si no lo veo, no lo creo», espetó echando mano de hemeroteca. «Desde que se anunció su puesta en marcha han pasado años y años. Estamos prácticamente igual que cuando el Ministerio de Justicia anunció en 2005 que se empezaría a aplicar de forma piloto en Avilés en octubre de 2006. Sigue pendiente la reforma legislativa (es necesaria la reforma legislativa de 22 leyes) y a pesar de los cambios estructurales (Marcos de Torniello se acondicionó para albergar el nuevo sistema) los sistemas informáticos siguen siendo obsoletos», señaló. También cuestiona que las infraestructuras judiciales asturianas estén preparadas para adaptarse con rapidez a los criterios de la Oficina Judicial, como defiende la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
«Lo único que sabemos es que se pretenden culminar las reformas legislativas en este período de sesiones de las Cortes. No tenemos noticia de nada más», apuntó Juan Miranda, delegado de Justicia de UGT. Considera que «no hay ninguna justificación para que no exista ya un plan de organización del trabajo de cara a la oficina judicial». «Las líneas generales ya están trazadas, faltan los detalles. Hay ciudades donde este nuevo sistema ya está en marcha aunque funciona con las leyes actuales. Se podrían organizar perfectamente los servicios comunes», añadió. Miranda insistió en que «las grandes reformas no entran en vigor de un día para otro». Y apostilló: «Eso sí, el único lugar donde puede empezar a funcionar es en Avilés. En Oviedo es inviable, no existe una infraestructura en la que reordenar el personal, y en Gijón parecido».
A grandes rasgos y según la teoría, la reestructuración desligará a los jueces de las labores burocráticas y desterrará el papel para pasar al soporte electrónico. Se constituirán las llamadas «unidades procesales de apoyo directo» que trabajarán a las órdenes de los jueces y los llamados «servicios comunes procesales», al mando de los secretarios, que trabajarán para varios juzgados y desarrollarán el grueso de los trámites. Entre otros aspectos, la nueva oficina judicial incluye un plan de transparencia para que el ciudadano conozca de forma rápida y directa toda la información sobre los expedientes que le atañen. Casi un lustro después de su anuncio, la oficina judicial sigue siendo sólo teoría.
Publicado en www.20minutos.es
La justicia asturiana se atasca cada vez más. Ahora, además, sufre las consecuencias de la crisis económica. Hay más concursos de acreedores (han crecido un 67,1% en un año), despidos, reclamaciones de dinero y ejecuciones hipotecarias (se incrementaron un 38,5%), según los datos del informe El efecto de la crisis en los órganos judiciales publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los juzgados de la región no dan abasto con la entrada de asuntos que se acumulan junto con los que arrastraban antes de que la situación económica arramblara con la paz social.
Antes de la crisis, empresarios y trabajadores llegaban fácilmente a acuerdos en casos de despidos. El año pasado, un 35% más acabaron en los juzgados y aumentaron un 31,8% las demandas de cantidades impagadas.
La justicia del Principado empezó 2009 con 45.179 casos pendientes, un 23% más que un año antes y un 39% más que en 2004 y eso a pesar de que el Principado tiene la ratio de resolución de asuntos más alto de toda España. Se finiquitan 1,03 casos por cada uno nuevo que llega a los juzgados, frente a la tasa nacional, que es de 0,96. Sin embargo, a los magistrados se les acumularon 8.500 casos a lo largo del año pasado.
Los juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil, de Instrucción y de lo Social son los que más ven cómo van aumentando los papales. En los últimos, donde llegan entre otros los trabajadores que se querellan contra sus patronos, el número de asuntos que estaban en trámite a final de 2008 eran 5.246, 3.023 más que un año antes, con lo que el ascenso es del 73,5%.
Piden más medios
Los dos juzgados de lo Mercantil de Oviedo ya han solicitado más personal al verse desbordados por los concursos de acreedores. En 2008 se triplicaron respecto al año anterior -en un año, uno de estos juzgados puede hacer frente a unos 25 y alcanzaron 150- y no esperan que la situación mejore durante este año. Reclaman también la puesta en marcha de un Juzgado de lo Mercantil en Gijón que aliviaría trabajo y permitiría más agilidad, sobre todo en estos momentos.
Publicado en www.lne.es
La justicia asturiana es, por segundo año consecutivo, la más eficaz del país. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que la proporción de asuntos resueltos en 2008 en el Principado es la mayor de toda España. Este porcentaje despunta especialmente en las jurisdicciones contencioso-administrativa y civil.
A pesar de ello, el año finalizó con 45.179 asuntos pendientes de resolución, algunos de ellos ya en trámite -aunque no finalizados- y otros sin ni siquiera haberse iniciado. Esto supone 8.500 casos más que los que había al inicio del año, según las cifras que maneja el CGPJ.
Los asuntos pendientes aumentan, pero lo mismo hacen los ingresos. En 2008 se produjo en Asturias un considerable aumento de la actividad en los juzgados, en parte por los efectos de la crisis económica, que supuso un incremento notable en el trabajo de los juzgados, sobre todo en los de lo mercantil y lo social. Si en 2007 se registraron en los 98 juzgados y tribunales asturianos 150.040 asuntos nuevos, en 2008 lo hicieron 159.275, es decir, 6.235 más.
Esto, entre otras cuestiones, provocó que -al contrario de lo que sucedió el año pasado- los jueces y magistrados asturianos no hayan dado abasto y no hayan podido resolver siquiera el mismo número de asuntos que los que ingresaron en ninguna de las jurisdicciones, a excepción de la penal, en la que sí se consiguió este objetivo.
Durante el año pasado, se dictaron en el Principado 33.736 sentencias y 103.242 autos.
A pesar del elevado número de asuntos pendientes, la proporción por Juzgado es inferior en Asturias que en el resto de España. Mientras que en el Principado, cada órgano judicial acumula una media de 461 asuntos sin resolver de forma definitiva, la media nacional se eleva a 780, según el Consejo General del Poder Judicial. No obstante, hay que resaltar que Asturias es una de las comunidades con un menor nivel de litigiosidad.
La situación se repite en prácticamente todo el país. Los juzgados españoles vieron el año pasado cómo el número de procedimientos se acumulaban irremediablemente y sin que, pese al esfuerzo de jueces y magistrados, se haya podido evitar que los asuntos que esperan una resolución aumentasen trimestre a trimestre. Por primera vez, los juzgados y tribunales españoles superaron los nueve millones de asuntos ingresados.
Publicado en www.lne.es
El 19 de enero de 2005 un aluvión de pitidos y reproches sirvió de bienvenida al entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a los Juzgados avilesinos. Los funcionarios le reprocharon así, el mismo día en que se inauguraba la ampliación del Palacio de Justicia de Avilés, las carencias de medios materiales, de personal e incluso el mal aprovechamiento de las renovadas instalaciones.
Cinco años después, las quejas de los trabajadores de Marcos del Torniello van en aumento. El trabajo, dicen, se ha triplicado, el número de salas continúa en aumento (en enero comenzó a funcionar el séptimo Juzgado de primera instancia e instrucción), mientras que la plantilla es la misma «que hace quince años» y los medios informáticos cada vez están más desfasados.
«Por no haber no hay ni bolígrafos, las grapas se rompen (el papel es la principal herramienta de trabajo) y se comparte una impresora entre varios despachos», aseguró ayer un funcionario. Las reclamaciones de los trabajadores de Marcos del Torniello son comunes, independientemente de la labor que desempeñan: inseguridad (sólo existe un vigilante para todo el edificio), ordenadores «casi decimonónicos» y con «conexiones a internet pésimas», faxes que no funcionan, un teléfono para compartir entre varios despachos (otro tanto con las fotocopiadoras) hacen que cada jornada se convierta en una auténtica odisea. Algunos, como Noah Adams (responsable de información), han optado por llevar su propia impresora a los Juzgados. «La impresora es mía. La tuve que traer de casa. Aquí, si algo no va bien, o lo solucionas por tus propios medios o te quedas como estás», protestó.
Los sindicatos judiciales alertaron hace apenas un mes de que la fiscalía avilesina, en la que trabajan cinco fiscales y cuatro funcionarios, se encuentra «bajo mínimos». «Estamos los mismos que cuando se creó esta fiscalía, hace quince años, la misma plantilla con el triple de trabajo desde que comenzaron los juicios rápidos y se puso en marcha el Juzgado de violencia de género. Ni siquiera tocamos a funcionario por fiscal. Es más, tenemos tres Juzgados para cada uno. El retraso de buena parte de los casos de estos Juzgados se produce aquí, en fiscalía. Con la creación del séptimo Juzgado mixto deberían haber incorporado, al menos, otro fiscal y otro funcionario», explicó Carlos Ortega, prácticamente oculto entre montañas de procedimientos.
Las quejas también provienen de las funcionarias del flamante Juzgado de primera instancia e instrucción número siete. «Tenemos que imprimir ocho personas por la misma impresora y si tenemos que hacer fotocopias (es multifunción) se atasca. Los procesadores informáticos son de primera generación. Y aquí, al menos, los ordenadores tienen pantalla plana», explicó una de las trabajadoras. Las dependencias de esta sala están separadas de las del número cuatro por un armario. Y es que apenas a tres años de la inauguración de la ampliación del Palacio, los Juzgados de Marcos del Torniello se sometieron a una nueva obra: la reforma de las instalaciones para adaptarse a la nueva oficina judicial (el sistema con el que se pretende modernizar la justicia y que se iba a aplicar en Avilés como experiencia piloto), que plagó el edificio judicial de espacios diáfanos y que obliga, en algunos casos, a separar salas mediante armarios u otros muebles.
Los trabajadores también critican que el Principado está denegando las solicitudes para formar parte del plan de formación especializada de adaptación al puesto de trabajo alegando que «no ha sido aprobada la formación para 2009». «Los interinos tenemos derecho a un tutor, según las normas de la bolsa de trabajo. Están denegando las solicitudes por falta de presupuesto», protestó Mari Cruz Fernández, del Juzgado número 5 (civil). La falta de medios también ha obligado a detener la digitalización de los documentos del Registro Civil que datan desde 1950. «Se aplicó a los nacimientos y los matrimonios, pero, al llegar a las defunciones, se quedaron sin dinero. Si necesitamos hacer un cambio (como un apellido equivocado o cualquier otro dato) en un acta de defunción, el sistema no nos lo permite», relató una funcionaria.
Un paseo de apenas una hora por el Palacio de Justicia avilesino se traduce en más de un centenar de críticas, tantas como trabajadores. «El edificio lo dejaron muy mono, pero aquí no funciona nada», concluyó Noah Adams.
Los juzgados de Pravia y Luarca ejemplifican como pocos las carencias de la administración de justicia en Asturias. Estas penurias son el motor de las protestas de las asociaciones de jueces, que amenazan con ir a la huelga por vez primera en su historia. A estos juzgados no sólo les faltan funcionarios suficientes para desempeñar el servicio con dignidad y eficacia. Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo son impropias, con unos edificios inadecuados donde no faltan las goteras y el frío. Y con tal falta de medios que -por poner un ejemplo- el Juzgado de Pravia lleva casi ocho meses sin una fotocopiadora.
El juez de Pravia, Manuel Olmedo Palacios, es uno de los que más se han significado en los últimos días en las quejas judiciales. Olmedo, que llegó hace un año procedente de Cataluña, se quedó con la boca abierta cuando contempló su Juzgado. Situado en la planta baja del Ayuntamiento de Pravia, está disperso en ocho dependencias diferentes, unidas a través de un patio a la intemperie. «Cuesta entender que en el año 2009 todavía estemos en estas condiciones, cuando otras administraciones del Estado cuentan con todos los medios e instalaciones adecuadas y confortables», afirma.
Un paseo por el Juzgado con el juez como guía equivale a regresar al siglo XIX. Para empezar: la sala de vistas, a la que se accede a través de un patio, donde «la gente tiene que esperar haga frío o calor, con una sola entrada para víctimas y agresores, algo que prohíbe la ley», señala el juez.
Luego están las claustrofóbicas salas del Registro Civil y de penal. En la primera, nada más abrir la puerta, uno se topa de bruces con una fotocopiadora sobre la que se ha colgado el cartel de «No funciona». «Desde mayo del año pasado hemos pedido varias veces que vengan a arreglarla, sin éxito. Ahora lo único que pedimos es que se la lleven, para que por lo menos quede espacio libre», indica Olmedo. Justo enfrente hay un carrito de compra de un supermercado, en el que hay varios libros de registro. «Hay que llevar los libros a otras dependencias para hacer las fotocopias. Pedimos una solución y nos mandaron un carrito para llevar los expedientes», afirma Olmedo con sonrisa irónica.
Las empleadas sólo han encendido la mitad de los fluorescentes. La otra mitad no deja de parpadear. «Tardan en reponerlos un mes», asegura una funcionaria. En otra sala del Registro, dos funcionarios se recluyen en un espacio minúsculo. Al fondo está el acceso al registro, una especie de cripta donde no cabe un papel más. A Olmedo le duele sobre todo ver cómo languidecen, en condiciones inadecuadas, los libros de registro del siglo XIX, «memoria viva de Pravia».
«Hemos tenido cucarachas, pero ya no», asegura el juez, partidario de la huelga de febrero. «Queremos que la reforma se haga ya. Nos ahorraremos muchas pérdidas de tiempo». Y quita argumentos a quienes se rasgan las vestiduras. «Se está planteando un solo día de huelga, y los usuarios no lo van a notar. No va a producirse ningún colapso».
Según Olmedo, le faltan al menos dos funcionarios y por eso se incoan demandas con cuatro meses de retraso. «Para lo que es Pravia, el número de asuntos debería llevarse bien, pero no hay personal», añade. Y después, las nuevas tecnologías. «Tenemos ordenadores, pero no estamos informatizados, porque no estamos conectados a ningún Juzgado». Para cubrir un trámite que sólo debería requerir un mensaje electrónico ha de elaborarse un pesado exhorto. Papel y más papel.
Si demoledora es la situación del Juzgado de Pravia, Luarca no le va a la zaga. Estamos ante un Juzgado que ignora la eliminación de barreras arquitectónicas. Cuarenta escalones separan la calle del Juzgado.
Entre el mobiliario se cuentan piezas de hace cuarenta años, más o menos desde la época en que la sede judicial fue trasladada a las dependencias actuales. El parqué presenta hendiduras y la pequeña dependencia destinada a archivo se quedó pequeña hace muchos años. Hace poco tiempo hubo que restaurar muchos de los documentos del registro porque eran pasto de los parásitos. Recientemente el Ayuntamiento de Valdés cedió un local, ubicado al otro lado de la calle.
Los funcionarios afirman que las dependencias no se pintan desde hace más de diez años, desde antes incluso de hacerse públicos los planes de construcción de una nueva sede judicial. Un proyecto que ha sufrido demoras, primero por la falta de acuerdo entre Principado y Ayuntamiento sobre la superficie que debe destinarse al Juzgado en la finca de la antigua curtidora, y después por la decisión del gobierno local de buscar otra ubicación.
El entorno de la estación de tren es el emplazamiento elegido ahora, después de que se destinase el solar previsto inicialmente a un aparcamiento. Por el momento, el Principado no ha establecido aún una fecha de inicio de las obras.
«Hay que trasladar mucho papel; pedimos una solución y nos mandaron un carrito de supermercado»
<Manuel Olmedo >
Juez de Pravia